Boric anuncia plan para nacionalizar el litio de Chile

Este 20 de abril, el presidente Gabriel Boric presentó su plan para transformar el sector del litio en Chile, anunciando la formación de la Empresa Nacional del Litio (Enali).

Esta entidad estatal será la titular mayoritaria de las nuevas operaciones de litio en el país, marcando un cambio significativo en la gestión de este recurso.

A medida que los contratos actuales de SQM (SQM-B) y Albemarle en el Salar de Atacama concluyan, el Estado tomará control sobre estas operaciones, preparando el terreno para futuras asociaciones público-privadas en el sector.

Estructurando el futuro del litio

La nueva estrategia, delineada por Boric, sugiere que los próximos contratos de litio se basarán en modelos de colaboración entre el sector público y privado, con el Estado liderando y un socio privado contribuyendo en el proceso.

Incluso, se ofrece la posibilidad a SQM (SQM-B) y Albemarle de adaptarse a este modelo de asociación antes de la finalización de sus concesiones actuales.

Todo esto requiere la aprobación de una ley para la creación de Enali por una mayoría de 4/7 en el Congreso, planeada para presentarse en el segundo semestre del año

Los cinco puntos de la nueva Estrategia Nacional del Litio

La propuesta de Boric contrasta con las expectativas previas de apertura del sector a inversores privados mediante nuevos contratos de arrendamiento, una vez finalizados los actuales.

La estructura tributaria existente aporta al Estado chileno unos US$ 6 mil millones anuales en impuestos: solo SQM (SQM-B) paga un 40% en royalties mineros, además del impuesto de primera categoría y otros compromisos.

Con este nuevo proyecto, el Estado sería el propietario mayoritario de todas las empresas relacionadas con el litio

Esta reconfiguración plantea un cambio significativo en el manejo y aprovechamiento de uno de los recursos naturales más valiosos del país.

Establecimiento de un ente estatal del litio, con Codelco en la transición

Con esto, el Estado chileno busca involucrarse en cada fase del ciclo productivo del litio y sus derivados.

La Empresa Nacional del Litio (Enali), sujeta a aprobación legislativa, liderararía estas iniciativas a partir del segundo semestre de 2023.

Mientras tanto, Corfo delegará a Codelco la tarea de desarrollar un plan de transición para la gestión estatal en el Salar de Atacama.

Modelo de colaboración público-privada

El proyecto enfatiza una gestión conjunta entre el Estado y el sector privado para la exploración, explotación, y agregación de valor al litio.

No obstante, en su discurso, Boric no especificó detalles sobre la la distribución de riesgos, gastos de capital, exploración ni sobre qué herramientas, aparte de las concesiones, planea aportar el Estado.

La extracción directa de litio será obligatoria

El proyecto incluirá una unidad dedicada al avance tecnológico enfocada en reducir el impacto ambiental, reemplazando los sistemas de evaporación por la extracción directa de litio.

Además, buscará formar una red de protección estatal de los salares, que investigará la mejor manera de cuidarlos en el futuro, con el objetivo de preservar al menos el 30% de estos ecosistemas para 2030.

Participación activa de las comunidades

Según el proyecto, Chile buscará asegurar que los beneficios de la minería del litio se compartan con las comunidades locales, en línea con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un primer paso, el gobierno se compromete a involucrar a las comunidades en todas las etapas del desarrollo industrial, comenzando con diálogos con el Consejo de Pueblos Atacameños.

Chile como líder en producción de valor añadido

La visión a largo plazo del gobierno es posicionar a Chile no solo como un extractor de litio, sino como un productor de bienes de alto valor añadido, fomentando la innovación científica y tecnológica.

Para ello, se propone la creación del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares en Antofagasta.

Implicancias para SQM

Bajo la propuesta de ley presentada por el gobierno para la industria del litio en Chile, se invita a todos los operadores a participar en contratos de colaboración público-privada.

Según el esquema propuesto, empresas como SQM asumirían un rol secundario

Esto se da a pesar de la acumulación de experiencia, habilidades técnicas, vínculos comerciales con empresas líderes, y una extensa red global de ventas y distribución.

Por el momento, se desconoce la postura de SQM (SQM-B) respecto a las nuevas condiciones sugeridas para el sector. La empresa, que cuenta con operaciones significativas en Chile, también está desarrollando un importante proyecto en Australia y considera incrementar su participación en Azure Minerals.

El proyecto aún deja varias preguntas sin responder, incluyendo cómo el Estado pretende generar ingresos, particularmente del Salar de Atacama, y cómo financiará su participación en los gastos de capital y operativos.

Un aspecto crucial sin clarificar es el nivel de influencia que el Estado buscará ejercer en las decisiones operativas. Existe un riesgo latente de desalineación entre los intereses del Estado y los de los operadores privados.

Si SQM termina su asociación en 2030 o antes, el Estado tendría que adquirir sus activos industriales para continuar con las operaciones de manera inmediata

Esto incluiría la compra de inventarios, infraestructuras industriales y la red logística global, con un costo estimado de reposición de aproximadamente US$ 5 mil millones

Este escenario podría incentivar a las empresas mineras más pequeñas a iniciar proyectos de exploración, lo cual representaría una oportunidad tanto para sus inversores como para Chile, aunque con proyecciones económicas más limitadas para los proyectos.