Liberar al monstruo inflacionario es algo que podría suceder rápidamente. Volver a contenerlo es mucho más complicado, la última vez nos tomó cerca de 80 años.
Durante los últimos 20 años, la inflación ha estado bajo control, promediando 3,2% entre 2000 y 2019. Los costos asociados a la rápida erosión del poder adquisitivo y sus negativos efectos económicos son hoy temas de segundo orden en la discusión pública. No obstante, nuestra historia inflacionaria ha sido radicalmente distinta: entre 1925 y 1990 la inflación anual promedio fue 47,6%.
Detrás de la fuerte reducción de la inflación hay dos factores. Primero, la prohibición legal del financiamiento monetario del déficit fiscal. Segundo, un acuerdo político transversal para contener la inflación en el mediano plazo. Esto derivó en la independencia del BC y en la adopción de una política de estado para la reducción de la inflación.
La literatura económica es abundante en señalar al financiamiento monetario del déficit fiscal como uno de los principales responsables de las altas tasas de inflación. En Chile, esta fue una práctica común desde la creación del BC en 1925 hasta que fue prohibida por ley en 1979; y constitucionalmente en 1980. Sin embargo, esto no fue suficiente. La alta indexación y la ausencia de un ancla creíble hicieron que la inflación oscilara entre 20% y 30% desde 1979 a 1990.
No fue hasta 1989, cuando se le otorgó la independencia al BC, que los esfuerzos para contener la inflación rindieron frutos. Dado el origen no democrático de la autonomía del BC, existían grandes temores de que este fuera usado como un botín político del régimen militar, creando un equipo económico paralelo al del gobierno. Pese a sus profundas diferencias, los políticos pudieron ponerse de acuerdo y se estableció que habría un consejo balanceado compuesto por dos miembros del gobierno militar, dos de la Concertación, y un independiente.
El resultado de esta combinación fue sobresaliente. El compromiso antiinflacionario del BC sumado al manejo responsable de las cuentas fiscales, permitió que en diez años la inflación se redujera desde 26% en 1990, a 3,3% en 1999. Además, el clima de acuerdos ha perdurado a la hora de elegir a sus miembros, privilegiándose candidatos de alta capacidad técnica con afinidades a distintos sectores políticos. Por eso, entre otras cosas, el BC es considerado la joya de la corona de las instituciones públicas.
Hoy en día, ambos pilares para el control inflacionario se encuentran amenazados. Por un lado, la polarización política tras el 18-O hace que acuerdos transversales sean muy difíciles de alcanzar. Por otro, la crisis sanitaria ha llevado a diversas autoridades a sugerir que el BC pueda financiar directamente al fisco bajo ciertas condiciones. En un contexto de fuertes presiones de gasto fiscal, y en la puerta de una discusión constitucional, es necesario recordar que los bajos registros inflacionarios de las últimas décadas no deben darse por sentado y que liberar al monstruo inflacionario es algo que podría suceder rápidamente. Volver a contenerlo es mucho más complicado, la última vez nos tomó cerca de 80 años.
*Columna publicada en Diario Financiero el 5 de mayo de 2020.
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