Isapres: El dilema del billón de pesos
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Hace 11 meses
Una breve historia
En diciembre de 2022, la Corte Suprema dictaminó un fallo que sentaría las bases para el drama que estamos presenciando hoy.
Aunque el tribunal no especificó una cantidad monetaria en ese momento, la dirección era clara: las Isapres debían reembolsar los cobros excesivos y aplicar la tabla de factores dictada por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019.
Abarcando aproximadamente al 16% de la población chilena, este dictamen sienta las bases del actual debate financiero y legislativo.
Cuantificando la crisis
Al avanzar hasta el 10 de mayo, la Superintendencia de Salud, tras revisar 1.886.015 contratos de Isapres, determinó una cifra para la devolución: $1.121.615.765.157, una cifra que beneficiaría a 725.878 personas.
Una batalla de dos propuestas legislativas
El fallo de la Corte Suprema desencadenó la presentación de dos propuestas legislativas distintas: una ley corta del Gobierno y una reforma constitucional del Senado.
Ambas buscan gestionar el masivo reembolso, pero con enfoques diferentes.
El plan del Gobierno
La propuesta del Ejecutivo sugiere que las Isapres deben formular un plan de devolución para acatar la sentencia de la Corte.
Además, propone fortalecer a la Superintendencia de Salud (SIS) para una implementar los cambios y supervisar la crisis.
Un aspecto destacado es el plan de potenciar Fonasa, el sistema de salud público, para absorber parte del impacto mediante la creación de un seguro complementario.
Sin embargo, hay críticas por la falta de claridad y la posible generación de más incertidumbre.
La ofensiva del Senado
Por otro lado, la propuesta del Senado plantea una reforma constitucional diseñada para abordar la sentencia de la Corte Suprema y mitigar los riesgos potenciales para los usuarios del sistema de salud, tanto privado como público.
Los pilares:
- La obligatoriedad de la tabla de factores de la Superintendencia de Salud, exceptuando a los menores de dos años.
- Utilización de la tabla de la Superintendencia cuando el cotizante ingresa a las Isapres, pero no para ajustes en el tiempo, a menos que sea beneficioso para el cotizante.
- Un recálculo de todos los planes anteriores a 2020 para ajustarlos a la fecha del fallo de la Corte Suprema, con un tope en la nueva cotización.
- Un proceso transparente y gradual para el exceso de rentabilidad si se recalcula un plan, supervisado por la Superintendencia.
- Plazos estrictos de cumplimiento para las Isapres, así como una supervisión diligente por parte de la Superintendencia.
- Un plazo de un año para que el Gobierno proponga una reforma al sistema de Isapres.
Mientras algunos aplauden el plan, otros lo acusan de complicar la situación e intentar eludir el fallo de la Corte Suprema.
Una mezcla de opiniones de expertos
La situación actual de las Isapres ha generado una amplia gama de opiniones entre expertos, que van desde profesionales de la salud hasta figuras políticas.
Eduardo Bitrán, director de Espacio Público, criticó el plan del Gobierno, advirtiendo que envía señales contradictorias.
Según Bitrán, la idea de implementar un seguro complementario en Fonasa podría interpretarse como una preparación ante una posible quiebra masiva de las Isapres, lo que llevaría a una crisis de mayor escala.
Esta situación, de materializarse, pondría presión adicional sobre Fonasa, sumando tres millones de pacientes adicionales. Esto podría empeorar las listas de espera y disminuir la confianza pública en el sistema.
Entre enero de 2021 y enero de 2023, migraron 454.242 personas desde el sistema privado a Fonasa
Por otro lado, Juan Carlos Said, experto en salud pública, criticó el proyecto presentado por el Senado, acusándolo de ser un intento por evitar cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Describrió a las Isapres como una bomba de tiempo, exacerbada por el fallo del Tribunal Constitucional de 2010 y los desafíos de la pandemia.
Said advirtió que obligar a las Isapres a reembolsar los excesos cobrados —que representan el equivalente a 17 años de ganancias promedio— podría llevarlas a la bancarrota, a menos que se les permita realizar los pagos en cuotas a lo largo de varios años.
Comienza la cuenta regresiva
Con las Isapres en la cuerda floja y el país en vilo, la Corte Suprema volverá a ser el centro de atención el 29 de mayo, cuando evalúe ambas propuestas: por un lado, la ley corta del Gobierno, y por el otro, la reforma constitucional presentada en diciembre por el Senado.
El reloj está corriendo.
